El Estado soñó con una patria unificada y para alcanzarla levantó un espejismo: en él, los pueblos originarios aparecían como reliquias gloriosas del pasado, pero eran despojados de su derecho al presente. A ese artificio lo llamaron “mexicanización”, un proceso calculado que buscaba disolver la diversidad bajo una bandera única.

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En los años treinta, el indigenismo de Estado se erigió como maquinaria de integración. Las escuelas rurales se llenaron de pizarras y cartillas que ordenaban olvidar la lengua materna; en su lugar, la palabra castellana debía convertirse en voz común. Los cantos de siembra fueron trocados por himnos nacionales, y las danzas del desierto reducidas a espectáculo folclórico. La ciudadanía se escribía en términos de obediencia y homogeneidad: lo que no se adaptaba al molde era tachado de barbarie.

 

Pero esa historia de imposición no fue total ni definitiva. En las grietas del proyecto asimilador germinaron resistencias, silenciosas unas, abiertas otras. Hubo quienes hicieron de las instituciones un escudo para resguardar tierras, quienes retomaron el discurso mestizo para obtener recursos, y quienes, como los Tohono O’odham, tejieron alianzas con el poder estatal en disputas con comunidades vecinas. Cada decisión fue estratégica, nunca pasiva, siempre atravesada por la urgencia de sobrevivir.

 

Así, el indigenismo no fue un bloque sólido, sino un campo en disputa: una red de contradicciones donde la asimilación convivió con la resistencia, donde lo impuesto fue al mismo tiempo reinterpretado. En ese vaivén, los pueblos originarios demostraron que no eran piezas del museo nacional, sino actores capaces de doblar, torcer o invertir las reglas del juego.

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